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AU: Preocupación por la seguridad de Omar Esparza, Viudo de Bety Cariño

OmarEsparza

El viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en 2010 ha sido informado de que existen planes para acabar con su vida. Estas amenazas se han producido tras una serie de actos intimidatorios dirigidos contra él y contra otras personas que piden que se investigue el asesinato.

El 17 de mayo, Omar Esparza, viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en abril de 2010, obtuvo información de una fuente fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo habría recibido el encargo de matarlo. Posteriormente, varias fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles. Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas con su petición de que se haga justicia por el homicidio de su ex esposa, Bety Cariño. En la madrugada del 1 de junio, varias personas no identificadas intentaron entrar en la casa en la que residen los hijos de Omar junto con varias personas de su familia.

Estas amenazas de muerte suponen un nuevo episodio en la sucesión de actos intimidatorios que ha sufrido Omar Esparza. A lo largo de cinco años, Omar ha estado al frente de un movimiento social que exige que se investigue el homicidio de Bety Cariño, que tuvo lugar en 2010 cerca de la localidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. Tras exigir durante años que se avanzase en la investigación criminal, dos personas sospechosas fueron arrestadas en 2015. Dos mujeres indígenas de la comunidad indígena triqui, que habían sido testigos oculares del homicidio, recibieron amenazas después de una de las detenciones. Además, unas semanas después que se detuviera al segundo sospechoso, en marzo de 2015, una persona emparentada con el detenido llamó a Omar Esparza para exigirle que se retractase de sus declaraciones públicas contra él.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en abril de 2010. Diez de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención, al parecer por miedo a las represalias de la banda.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

  • instando a las autoridades federales y estatales a brindar protección efectiva y completa a Omar Esparza, de estricta conformidad con sus deseos y cumpliendo plenamente la legislación local sobre protección de testigos;
  • pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas contra Omar Esparza, y que los responsables rindan cuentas de sus actos;
  • pidiendo una investigación exhaustiva sobre el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, así como sobre los homicidios de muchas otras personas de San Juan Copala en los últimos años, y que se incluyan en dicha investigación los aparentes vínculos entre bandas armadas y autoridades municipales y estatales; pidiendo también que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE JULIO DE 2015 A:

Gobernador del estado de Oaxaca
Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador del Estado de Oaxaca
Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, C.P. 68000, México
Fax: +52 95 1501 8100, ext. 40068
Correo-e: spagoboaxaca@gmail.com
Tratamiento: Estimado Gobernador

Ministro del Interior
Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 6600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Estimado Secretario

Procuradora General de la República
Arely Gómez González
Procuraduría General de la República
Reforma 211-213, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F., México
Correo-e: ofproc@pgr.gob.mx
Tratamiento: Estimada Señora Procuradora

Y copias a:
Movimiento Agrario Indígena Zapatista
Correo-e: maizmixtec@yahoo.com.mx

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

Información complementaria

Entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010, la localidad de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, estuvo sitiada por hombres armados pertenecientes a una organización indígena local (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, UBISORT), aliada al partido que entonces gobernaba el estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante ese periodo, varios residentes locales perdieron la vida o resultaron heridos, pero los grupos armados siguieron actuando con impunidad. Las autoridades del estado no emprendieron ninguna acción para impedir y castigar esos abusos, y dejaron a la población de San Juan Copala expuesta a los ataques y sin acceso a servicios básicos durante varios meses.

El 27 de abril de 2010, unos hombres pertenecientes a un grupo armado (vinculado, según informes, a las autoridades estatales y municipales) mataron a tiros a la defensora de los derechos humanos mexicana Bety Cariño Trujillo y al observador de los derechos humanos finlandés Jyri Antero Jaakkola. Los dos activistas formaban parte de un convoy humanitario que trataba de llegar hasta la remota comunidad indígena triqui de San Juan Copala con el fin de llevar alimentos y medicinas y documentar la situación de los derechos humanos. Todos los demás miembros del convoy –unas 25 personas– sobrevivieron al ataque, pero algunos sufrieron heridas de bala y fueron capturados e interrogados por los asaltantes durante aproximadamente una hora antes de ser liberados. Algunos miembros del convoy huyeron de la región a pie, mientras que otros se vieron obligados a esconderse del grupo armado antes de ser rescatados.

Bety Cariño era la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en la ciudad de Huajuapan de León, estado de Oaxaca. Organizaba talleres para promover los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas locales, y había apoyado a muchas de estas mujeres en sus esfuerzos por montar emisoras de radio comunitarias. También había hecho campaña en favor de la verdad y la justicia por el homicidio de dos locutoras de radio comunitarias, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, cometido en San Juan Copala en 2008. Jyri Jaakkola era miembro de la organización finlandesa Uusi Tuuli (Nuevos Vientos), y había hecho campaña sobre el cambio climático, el comercio justo y la seguridad alimentaria, tanto en Finlandia como fuera de ella. Realizaba investigaciones sobre agricultura sostenible y cuestiones indígenas en el estado de Oaxaca. Escribía un blog en el que solía publicar sus descubrimientos y sus experiencias sobre el terreno.

En septiembre de 2012, un juez local dictó órdenes de detención contra 14 personas a las que se cree implicadas en el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Dos de esas personas han sido detenidas, y una ha muerto. Las otras 10 permanecen en libertad. Las autoridades federales y estatales han prometido repetidamente medidas de protección efectiva a testigos y supervivientes del ataque, pero hasta el momento la aplicación de esas medidas ha sido escasa e inadecuada.

En la región indígena triqui del estado de Oaxaca, los grupos armados han actuado impunemente durante muchos años, aprovechándose de la división entre las comunidades y tratando de imponer un control político. La región triqui es una de las más pobres de México, lo que ha provocado la emigración masiva de muchos sectores de la población y conflictos políticos locales. Las organizaciones locales de derechos humanos han acusado al gobierno que ocupó el poder del estado entre los años 2004 y 2010 de explotar las divisiones entre las comunidades y de permitir la actuación de grupos armados con impunidad. Se cree que las autoridades estatales y municipales han financiado, tolerado o incluso apoyado a algunos de estos grupos. El Estado de derecho está en gran medida ausente en la región, y prácticamente nadie ha comparecido ante la justicia por ninguno de los delitos cometidos, lo cual ha dejado a gran parte de la población expuesta a ataques y sometida al control de los grupos armados. El actual gobierno del estado, que tomó posesión en diciembre de 2010, ha prometido abordar los problemas que afectan a la región triqui, pero apenas se han apreciado cambios.

Nombre: Omar Esparza
Sexo: hombre
AU: 124/15 Índice: AMR 41/1791/2015 Fecha de emisión: 2 de junio de 2015

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ

FUENTE: Amnistía Internacional; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los derechos para Todas y Todos

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