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Veracruz, con más migrantes secuestrados: MUCD

Los estados de Tabasco y Veracruz suman el 55% del total de secuestros a migrantes identificados, con un total de 2,378 y 2,944 casos, respectivamente. Sin embargo, al pedir información a las entidades, Veracruz señaló que no tiene registros de este delito y que no cuenta con ningún tipo de información respecto a policías involucrados en esos actos, rescates u operativos que se hayan llevado a cabo. En Tabasco la autoridad explicó que únicamente se han registrado tres denuncias por este delito en 2009 y 2010.

Al presentar México Unido Contra la Delincuencia, los resultados de su informe Secuestro de migrantes en México, dijo que el propósito de este estudio consiste utilizar los instrumentos de derecho al acceso de la información y rendición de cuentas para destacar las acciones u omisiones de las instituciones de seguridad y migración responsables de atender el secuestro de migrantes y, en general, la violación de los derechos de estos grupos de personas que transitan en el país en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

El Secretario de MUCD Juan Francisco Torres Landa puntualizó que el secuestro de migrantes es un tema crucial a tratar en materia de defensa a los derechos humanos, que hasta ahora ha sido ignorado por las autoridades federales y estatales.

“La falta de transparencia y el deslinde de responsabilidades que vemos en la actuación de las autoridades demuestran que hace falta la definición y la aplicación de políticas públicas enfocadas a realmente atacar las raíces de esos delitos”, aseguró Torres Landa.

Destacó que el MUCD analizó los informes de secuestro a migrantes que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2009 y 2011), que se centran específicamente en los relatos de las víctimas.

Con base en ello, la organización solicitó a las autoridades competentes, de los tres órdenes de gobierno, la información que tienen sobre estos delitos: desde el número de casos que se han registrado y los resultados de las acciones que se han implementado, hasta los casos de corrupción que se han presentado dentro de las mismas autoridades y las acciones que se hayan tomado en consecuencia.

Las peticiones de información se dirigieron a la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a la Policía Federal, a la Procuraduría General de la República (PGR), al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el caso de las entidades federativas, las peticiones se dirigieron especialmente a las secretarías de seguridad pública, procuradurías generales de justicia y a las comisiones estatales de derechos humanos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, por ser los estados con mayor índice de secuestro y vejaciones a migrantes.

Ante las solicitudes que hicimos a las autoridades sobre estos delitos, agregó, el factor común que detectamos en sus respuestas fue la negación de la existencia de la información, o bien, las autoridades se declararon como no competentes para conocer sobre estos temas, remitiéndonos a otros órganos.

Torres Landa resaltó que el caso del Instituto Nacional de Migración es el que más llama la atención: se declaró incompetente para dar a conocer la información requerida, a pesar de que es la principal instancia que aborda el tema migratorio en México.

“El INM evade sus responsabilidades y no ha tomado en consideración las recomendaciones turnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, sostuvo.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal respondió a MUCD que la información que se solicitó es inexistente y la remitió a la CNDH y a la Policía Federal.

“Esto no es congruente con lo señalado en el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes de 2009 de la CNDH, puesto que esta institución sí ha participado en acciones de rescate y liberación de migrantes secuestrados. Por lo consiguiente la SSPF no es transparente en su gestión” indicó Torres Landa, quien además agregó: “La Policía Federal desconoció las peticiones de información y no proporcionó respuesta. Esto se puede interpretar como tolerancia de actos criminales y una perspectiva autoritaria que ignora los intereses de las personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad”.

Por su parte, MUCD señala que la PGR respondió a la mayoría de las preguntas. Sin embargo, las respuestas fueron evasivas y denotaron descoordinación entre las instancias de la dependencia: falta organización en los datos y no se refleja precisión en la exposición de acciones.

En el caso de las entidades federativas y sus dependencias la evasión sobre el tema también es evidente. Concretamente, se detalló que los estados de Tabasco y Veracruz suman el 55% del total de secuestros a migrantes identificados, con un total de 2,378 y 2,944 casos, respectivamente. No obstante, en Tabasco la autoridad explicó que únicamente se han registrado tres denuncias por este delito en 2009 y 2010. Veracruz señaló que no tiene registros de este delito y que no cuenta con ningún tipo de información respecto a policías involucrados en esos actos, rescates u operativos que se hayan llevado a cabo.

Mauricio Farah, quien fue coordinador del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2009, consideró que el reporte de MUCD contiene evidencia incontrovertible sobre cómo es que las autoridades evaden sus responsabilidades con relación a este tipo de delito.

“Ya existen aproximaciones a este flagelo y se cuenta ya con testimonios de las víctimas y con algunas consideraciones de carácter social y legal. Sin embargo, faltaba lo que este documento cubre: la propia voz de las autoridades diciendo “no veo, no sé, no registro, no me compete, aquí no sucede”. Ésta es la principal virtud y fuerza del informe de MUCD, el valor agregado”, dijo Farah.

Al finalizar la conferencia de prensa, MUCD hizo un llamado en contra de la corrupción y a favor de la transparencia, que fomente la vinculación y el compromiso entre las autoridades y la ciudadanía para proteger a los migrantes, los cuales incluyen a grupos no solamente de extranjeros, sino también connacionales que transitan hacia otros lugares, todos ellos con el común denominador de correr grandes riesgos en su camino.

“De no actuar, los niveles de violencia y corrupción seguirán incrementándose día a día. La dimensión de los problemas detectados no se puede explicar sin reflejar las omisiones, incompetencia o complicidad de autoridades a todos los niveles. Conminamos a la próxima Administración a colocar este tema en el centro de su agenda de seguridad y justicia”, manifestó Torres Landa.

FUENTE: Imagen del Golfo
LINK:http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=343531

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